Un juez canceló un permiso del gobierno federal otorgado a Monsanto para sembrar soya GM en tierras mayas de Yucatán, desechó una condición desproporcionada impuesta a los apicultores y ordenó que se realicen las consultas obligatorias a las comunidades, que no fueron hechas en su momento ignorando los derechos de los pueblos. 

En un boletín expedido este 22 de julio, las organizaciones Litiga OLE, Ma’ OGM, Unorca y Greenpeace informan del fallo a favor de los pueblos mayas productores de miel, que es resultado de una demanda que interpusieron el 27 de febrero de 2012, junto con un puñado de agrupaciones, contra las dependencias federales Sagarpa y Semarnat que violaron la Constitución al darle el permiso a Monsanto.

 La Sagarpa autorizó en 2012, previa aprobación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la siembra de 253 mil 500 hectáreas de soya transgénica (GM-MON-04032-6) en siete estados de la República (Yucatán, Quintana Roo y Campeche; Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Chiapas).

Contra este mismo permiso, Campeche se ha adjudicado dos victorias contra Monsanto en el juzgado segundo de distrito de Campeche. A este revés se añade ahora el triunfo de las organizaciones yucatecas.

“Para los apicultores de Yucatán, muchos de nosotros indígenas mayas, esto es un gran logro porque se reconoce nuestro legítimo derecho a decidir sobre nuestro territorio y nuestro sustento, porque la apicultura es la principal actividad económica tradicional que realizamos y no queremos que nuestra miel se contamine con transgénicos”, señaló Lorenzo Itzá Ek, webmaster de elchilambalam.com y colaborador de Unorca.

El juez reconoció que los apicultores mayas podrían resultar afectados en sus bienes jurídicos (económicos, laborales, ambientales) y aceptó como válido el interés legítimo del pueblo originario maya cuya principal actividad económica tradicional es la apicultura, reconociendo que requieren una protección especial, por su especial condición de vulnerabilidad, debiendo garantizar su aceso a la justicia efectiva.

Asimismo, el juez desechó lo argumentos de las autoridades demandadas (Sagarpa y Semarnat) que exigían a los apicultores pruebas científicas plenas de que los permisos otorgados influyen negativamente en la producción de miel. Esta exigencia a los productores de miel supone gastos catastróficos para los apicultores, pues la mayoría de ellos pocas veces disponen de los recursos para salir a la cabecera de su municipio.

El magistrado, que anuló el dictamen de Semarnat que avala el permiso de Sagarpa a Monsanto, ordenó a Sagarpa que realice (ahora sí) la consulta a los pueblos mayas si es estos desean sembrar soya en su territorio.

La solicitud de amparo se debió a que se infringió el derecho del medio ambiente sano (ignorando el principio precautorio establecido en la Ley de Biodiversidad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM); a la violación al derecho de los pueblos indígenas a la consulta pública (no informados y excluidos de la participación), a la violación al derecho del trabajo y de haber ignorado las advertencias calificadas de los peligros de la siembra de soya transgénica. Las opiniones ignoradas por Semarnat y Sagarpa fueron de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, de la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (Conabio) y del Instituto Nacional de Ecología (INE).