En manos de especuladores de tierras en Holbox
Casimiro está un poco desesperado. Hace tres semanas que no sabe nada de su hijo Wálter que está preso en Cancún, donde fue llevado junto con otros 11 comuneros detenidos en Holbox el 24 de julio pasado, acusados de talar mangle y ch’it.
“Esto sin duda es un asunto político, a primera vista local”, comenta a elchilambalam en una conversación telefónica este martes, completamente en lengua maya.
Junto con los 12 comuneros fueron detenidos tres topógrafos que habían ido a delimitar sendos terrenos que recibirían los comuneros, predios de siete metros de frente y 20 de fondo.
Y su afirmación no es gratuita. Desde la detención de su hijo, Casimiro Pinzón Kauil se ha movilizado para averiguar qué está pasando. En Holbox durante veinte días conversó e indagó entre los ejidatarios y luego contrastó sus informaciones con el relato de su hijo que está en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Cancún. “Conversé y pregunté sobre el caso entre unos 50 ejidatarios, pienso que son intereses muy fuertes sobre la tenencia de la tierra”, afirma.
“Mi muchacho nunca se ha metido en problemas ni aquí en mi tierra ni en Holbox donde ha vivido varios años”, cuenta Casimiro Pinzón, natural de Xoy, comisaría de Peto. Durante los 14 años que ha vivido en Holbox, donde también se casó, nunca se metió en problemas. Su trabajo: pintar o lechar los árboles de los huertos de los hoteles.
Junto con un cuñado de su hijo preso, Casimiro busca ayuda de todo tipo para continuar su tarea de padre. El comisario de Xoy, Severiano Cauich Chablé, ya ha ido a solicitar ayuda al ayuntamiento de Peto, donde le dijeron “que iban a hablar con el gobierno de Quintana Roo”. Pero nada hasta ahora.
Un plantón a las oficinas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), organizado el jueves 21 pasado, tuvo el resultado esperado aunque el número de participantes, unos 40, considera fueron pocos. Ahora sin embargo se preparan para una nueva protesta en la que recibirán el apoyo de un organización nacional de derechos humanos y otros. “Lo ideal es reunir a cientos, y lo vamos a lograr”, señala con voz ecuánime pero indignada.
“Hemos pedido ayuda en varias partes pero nos dicen que no es de su competencia”, relata. “Hemos acudido a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y nada, a Derechos Humanos y nada. Durante el informe de gobierno de Peto, el sábado 23 pasado, entregamos una carta al secretario de gobierno de Rolando Zapata Bello y al diputado de Valladolid. Ellos recibieron los papeles mientras meneaban la cabeza”, describe.
“Uno hace la lucha pero la verdad es que yo no confío”, confiesa. “Son políticos: te dicen que sí pero podrían haber hecho trizas los papeles apenas se fueron”, comenta el agricultor. (Parece que en realidad, Casimiro y su compañero entregaron el documento a Felipe Cervera Hernández (secretario de Desarrollo Rural) y al diputado local Fernando Romero Avila, quienes sí estuvieron en el acto oficial en Peto.)
El asunto es claro, dice: se trata de un asunto de tierras y ellos no debían estar ahí en ese momento. “El actual comisario está de acuerdo en que los comuneros tengan su pequeña propiedad, después de tantos años de trabajar en la comunidad. Pero no se trata sólo de 12 personas, sino de alrededor de cien y eso no es poca cosa”.
En su opinión el comisario actual es un buen hombre y se ha ganado la simpatía de los ejidatarios, es decir, que ha adquirido poder, restando influencia al grupo del comisario anterior, justamente el hombre que es la conexión de los ejidatarios con los empresarios del controvertido proyecto Ensenada, cuyo plan es construir hoteles, campos de gol y marinas. (En su relato Casimiro menciona a Nirvardo Mena Villanueva como el comisario que apoyó la cesión de tierras a los comuneros y al grupo opuesto, el que maniobró para la detención, es presuntamente encabezado por un tal “Mayito”. (No obstante, la revista Proceso menciona a un tal Benjamín Correa Moguel al ejidatario que está al lado de los empresarios yucatecos encabezados por Fernando Ponce García, ex dueño de Grupo Bepensa.
La detención de los comuneros estaba bien planeada, señala Casimiro Pinzón, milpero de 55 años y padre siete hijos, el tercero de los cuales está encarcelado.
“El día que los detuvieron sólo habían ido a constatar las brechas y las medidas. Estaban bebiendo gaseosas cuando los detuvieron. Claro que no habían cortado nada. Se les había dicho de todos modos que si iban no tocaran las plantas, que lo más que podrían hacer es cortar las puntas”, pero ni eso habían hecho. “Las plantas cortadas que la Profepa presenta como prueba contra ellos fueron taladas con motosierra hace mucho tiempo, según puede constatarse en el corte; otros hacía más tiempo que fueron talados puesto que incluso ya estaban retoñando”, señala.
“Es una tristeza que ocurran estas cosas”, lamenta. “Esa gente rica que se sirve de esta situación no sabe cómo vivimos nosotros los del pueblo. Ojalá supiera esto la señora delegada de Profepa en Quintana Roo (Nohemí Ludivina Menchaca Castellanos). Pero no lo sabe. Nosotros vivimos al día con lo que da la milpa, y en mi caso ya sé que esté año también me va ir mal en la cosecha. Este es el tercer año consecutivo.”
Ahora Casimiro está en su natal Xoy y está buscando la forma de viajar de nuevo a Cancún para ver la situación de su hijo. “Viajo con mi esposa”, señala. “Nos hospedamos en Holbox. De Peto a Chiquilá gastamos 600 pesos cada uno. Para pasar a Holbox 70 pesos cada uno y de Chiquilá a Cancún necesitamos 100 pesos cada uno. ¿Dónde vamos a sacar tanto dinero?
La situación económica de las familias de los detenidos es muy difícil, según Casimiro que ha intentado movilizarlos sin éxito. Son todos yucatecos los detenidos, recuerda: los hay de Tizimín, Soltuta, Homún, Tixméhuac, y nadie mete las manos por ellos.