POR CARLOS JOSÉ DUARTE CASILLAS
Hermosillo, Aridoamérica. Entre reportes e información muchas veces contradictoria, emerge escepticismo sobre los supuestos “acuerdos” logrados durante la madrugada de jueves 14 de mayo en San Quintín, Ensenada, Baja California.

En lo que se considera una movida estratégica por parte de las diferentes ONG, los tres niveles de gobierno y las diferentes empresas, los integrantes de la reunión extraordinaria se apuraron en intentar cumplirles el deseo a sus constituyentes de recibir buenas noticias, sean éstas reales o no. Principalmente, la urgencia fue notoria en los representantes de gobierno: tanto en sus distintos actores como en la diversidad de intereses que detrás de ellos urden, para presentar una versión favorable, con logros y progreso.

Recordemos que el motivo principal de la huelga fue para conseguir el aumento de salario mínimo a 200 pesos por jornada de ocho horas, pero este tema de nuevo quedó pendiente para otra reunión que supuestamente sucederá el cuatro de junio, pues el Subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Miranda Nava, aludió “problemas de salud” para no atender, para no ir.

En esa reunión de futuro incierto se “concretizará” la propuesta absurda y orwelliana de “exigirle” a los administrativos de las empresas una propuesta “lo más cercana posible” a los 200 pesos. Adicionalmente, nuestros impuestos federales (mío, suyo, y el de los mismos jornaleros) se emplearían para incentivar la negligencia fiscal y la ausencia de contraloría socioeconómica en la totalidad de la industria agrónoma fronteriza, pues según lo acordado, en caso de que la propuesta exigida no se acerque lo suficiente al monto, se utilizaría el erario federal para cubrir la diferencia. Así subsidiando indirectamente, tanto a rapaces empresas extranjeras como a tiranos caciques locales.

El resto de los acuerdos periféricos fueron “gatas revolcadas”: la presentación tanto de derechos humanos universales como derechos ciudadanos nacionales, como si fueran hitos, logros y parteaguas nuevos y extraordinarios en materia de justicia social.

Punto por punto:

La afilación al IMSS supuestamente garantizará atención médica a los trabajadores, pero esta misma atención puede conseguirse desde hace tiempo mediante el Seguro Popular.

En cuanto a lo de prohibir la retención, el condicionamiento y el retraso de los salarios de los trabajadores, la misma Constitución Mexicana y leyes laborales ya proporcionan tales garantías.

Condicionar el respeto a las garantías de libertad a un ambiente de “respeto al orden público y al estado de derecho” pone en severo riesgo la capacidad de hacer actos de desobediencia civil, uno de los pocos recursos disponibles para visibilizar las urgencias de sectores demográficos marginados.

Lograr un “fideicomiso de inversión” financiado por las empresas y los tres niveles del sector público, para el desarrollo de la zona, suena como una fantástica oportunidad de abusar del lenguaje vago: ¿Qué definición de “desarrollo” se empleará? ¿Será un desarollo democrático, meritocrático, participativo y sustentable? ¿Qué autoridad externa y neutral evaluará y avalará las propuestas? ¿Qué criterios se utilizarán para medir la calidad y cantidad de impacto? También: ¿qué procesos de subastas se utilizarán para decidir qué contratistas se emplearán para implementar el desarrollo? ¿Podrán participar colectivos surgidos de las mismas comunidades de jornaleros en el proceso de selección de los contratistas? ¿Cuánto del monto total del fideicomiso se destinará a identificar y prevenir problemas que surgen por falta de cultura ciudadana, política, social y de convivencia? En las esquinas de las redes sociales donde se congregan los participantes de movimientos estudiantiles, una amiga me compartió: “dinero para que se peleen todos por él y se olviden de lo importante”.

En cuanto a la identificación, la atención de las necesidades, así como la mejora de en vivienda, alimentación y condiciones de seguridad e higiene de los trabajadores, “en estricto apego a la ley”. ¿Qué mecanismos resilientes se introducirán de manera permanente y sistemática para asegurar esta promesa de manera tangible? Las inspecciones por parte de las autoridades para verificar el cumplimiento de las leyes ya se llevan a cabo, pero quedan anuladas conforme las empresas flexibilizan o modifican sus recursos humanos, cambiando horarios y destinos para trabajar alrededor de tales inspecciones y así esquivarlas.

¿De qué manera se pretende resolver la subyacente raíz del problema: el conflicto de interés producido por la colusión entre el estado provincial y el capital internacional? ¿Quién está incentivado para impulsar en los pueblos indígenas el desarrollo de modelos de producción que les permitan mayor autonomía, autodeterminación y libertad económica y cultural?

Tal parece que alguien cerca del poder se aventó un buen comunicado de prensa, para difundir entre los medios flojos y pusilánimes, con el intento de lavar la mentira en un caldo de “genuinidad” y brindarle “olor a logro” a lo que un amigo luchador social de San Quintín identificó como “un triunfo a medias”.