Hay intérpretes en lengua maya, pero no dinero para pagarles

Un aspecto de la certificación de intérpretes, ayer en la Fiscalía, en Mérida. Fotografía de Inali.

Un aspecto de la certificación de intérpretes, ayer en la Fiscalía, en Mérida. Fotografía de Inali.

La defensa de los mayahablantes que se ven obligados a enfrentar un proceso ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán parece debilitada, ante la presunta falta de intérpretes en lengua maya y la incapacidad presupuestaria de las instituciones gubernamentales (Indemaya y CDI) para pagar intérpretes que le solicita la Fiscalía.

No obstante, parece que la falta de intérpretes no se justifica porque una quinta parte de estos profesionales que hay en todo el país se encuentran en Yucatán. De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en Yucatán hay alrededor de 100 intérpretes acreditados o certificados o las dos cosas.

Para aliviar el problema que le genera esperar a intérpretes enviados por las otras dependencias, la Fiscalía promovió en 2013 la certificación de un grupo de sus empleados de los cuales 11 recibieron su certificado esta mañana del martes 24 en presencia del director del Inali, el chiapaneco Javier López Sánchez.

La Fiscalía inauguró en marzo de 2013 su equipo de peritos y traductores y está conformado hoy día por 16 prefesionales, y hay otros siete en capacitación, según el boletín de Inali sobre el evento en Mérida.

Con este paso, la Fiscalía superará el problema de falta de intérpretes especialmente por las noches y los fines de semana, pues para disponer de la presencia de un intérprete era necesario solicitarlo al Indemaya o al CDI con tres días de anticipación, y estos últimos de pronto se declaran faltos de recursos para pagar los honorarios de los intérpretes.

La situación es delicada porque, como se sabe, en los procesos penales hay un vencimiento de plazos.

No obstante, este problema de “falta de presupuesto” parece que tampoco debiera tener lugar, ya que en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas se señala que “las autoridades federales responsables de la procuración y administración de justicia, incluyendo las agrarias y laborales, proveerán lo necesario a efecto de que en los juicios que realicen, los indígenas sean asistidos gratuitamente, en todo tiempo, por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua indígena y cultura. (fragmento del artículo 10)

La certificación de empleados de la Fiscalía es sin duda un avance en la procuración de justicia. Sin embargo, si bien en teoría es cierto que es mejor tener un intérprete que no tenerlo, en los hechos no necesariamente es así, porque ello depende de la imparcialidad, honestidad y compromiso del intérprete con el mayahablante.

Estas cualidades pueden verse comprometidas cuando el intérprete es a la vez empleado de la Fiscalía y por ende su empleo y salario depende de ella, factores que podrían afectar la imparcialidad

“Si de arriba viene una orden de que te chinguen, pues ya te chingaste”, afirma enfática una intérprete con amplia experiencia.

Según el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas y el mapa interactivo del Inali, el estado de Yucatán cuenta con casi 100 intérpretes acreditados o certificados, casi una quinta parte de los 558 registrados en todo el territorio nacional. De estos muchos radican en Mérida.

Una llamada teléfonica de elchilambalam al Indemaya para corroborar alguna información no fue recibida por la directora del Jurídico, María Deisy Canul Hau, que es la que se ocupa del asunto. En cambio la funcionaria pidió que se le hiciera llegar a las oficinas un oficio con el tipo de información requerida. En Yucatán el Indemaya será en breve la dependencia que certificará a los aspirantes a intérpretes, con la venia del Inali.

Hasta el año pasado, intérpretes recibían de 200 a 300 pesos de honorarios por evento (audiencia) y les pagaba la institución que los contrataba, el Indemaya o la CDI, según intérpretes entrevistados. En otros estados la CDI paga casi 1000 pesos por audiencia. La Fiscalía acude a estas dos dependencias cuando requiere servicios.

Varios intérpretes que trabajan al margen de las dos instituciones gubernamentales difícilmente son convocados por la Fiscalía y a veces cuando llegan no los aceptan porque quieren uno de Indemaya.

Indemaya cuenta con un “cuadro” de intérpretes pero no el CDI, aunque en su personal algunos cuenten con certificación.

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